BUENOS AIRES (AP) — El periodista argentino Daniel Santoro, multipremiado por sus investigaciones sobre corrupción para el diario Clarín, fue procesado el miércoles por los delitos de coacción y extorsión en el marco de una investigación de una organización criminal dedicada al espionaje ilegal y el chantaje.

La medida fue dispuesta sin prisión preventiva por el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien impuso un embargo a los bienes del periodista por tres millones de pesos (65.200 dólares).

Según el magistrado, Santoro tuvo participación en las actividades ilegales que llevaba adelante una organización delictiva “que utilizó diversas herramientas del espionaje ilegal con fines políticos, económicos y judiciales, y que actuó en varias jurisdicciones del país y en el exterior, para beneficio de sí misma, de sus integrantes y de terceros” y que “también se valió de la utilización de periodistas y medios de prensa, que fueron claves para el éxito de sus operaciones”.

Santoro, que en su declaración ante el juez negó los cargos, no se pronunció sobre el procesamiento. En tanto, varios de sus colegas y la Academia Nacional de Periodismo coincidieron que la resolución de Padilla constituye una amenaza al periodismo de investigación.

En su resolución, el juez imputó a Santoro los cargos por el caso del exdirectivo de la de la filial local de la petrolera venezolana PDVSA, Gonzalo Brusa, y el empresario Mario Víctor Cienfuentes.

Santoro quedó involucrado en esta investigación partir de la detención a principios de año de un supuesto experto en inteligencia y narcotráfico, Marcelo D ́Alessio, luego de que otro empresario lo denunciara por extorsión tras filmarlo con una cámara oculta.

Según el juez, el periodista “no sólo se nutría de la información que le proveía la organización, sino que habría tenido conocimiento de las actividades de espionaje ilegal que desarrollaba, sus métodos, y contribuyó al desarrollo de algunos de los planes ilícitos que llevó a cabo la organización. Además, brindó de manera confidencial información a Marcelo D ́Alessio respecto de las actividades de sus colegas, lo que luego era reportado a otros miembros de la asociación ilícita”.

En su declaración ante el juez, Santoro reconoció que conoció a D ́Alessio a fines de 2016 pero que entabló con él un vínculo “estrictamente periodístico” y que “obviamente me ha engañado, me ha utilizado, me ha creado una cantidad enorme de problemas familiares, problemas profesionales, problemas jurídicos”.

“Yo creo que la decisión del juez es de una gravedad inusitada para el periodismo”, dijo Ricardo Kirschbaum, editor responsable de Clarín. “El juez está sentando un precedente que afecta los principios básicos del periodismo de investigación que, como todo el mundo sabe, hace Santoro. Acá lo que se está tratando de sofocar son las fuentes de investigación y la relación del periodista con sus fuentes”.

Santoro, de 60 años, saltó la notoriedad a principios de los 90 por sus investigaciones sobre corrupción de funcionarios del entonces gobierno del neoliberal Carlos Menem, entre ellas el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. En los últimos años también su trabajo también ocupó la tapa de Clarín por casos de corrupción que involucraron a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015).

Recibió el premio Rey de España en 1995, luego el de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) de manos de Gabriel García Márquez en 2001 y el Maria Moors Cabot de la Universidad de Columbia en 2004.

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